Trump revoca la eliminación progresiva de los motores de combustión en California: se anuncian juicios

Con su firma, Trump no sólo ha detenido la eliminación progresiva de los motores de combustión en California, sino que también ha bloqueado las normas que limitan las emisiones de determinados vehículos y las emisiones de óxido de nitrógeno de los camiones en el estado. Trump calificó la normativa de California de "desastre para este país".

"Hemos rescatado oficialmente a la industria automovilística estadounidense de la destrucción al poner fin de una vez por todas al mandato de California sobre los vehículos eléctricos", declaró el presidente estadounidense.

En 2020, El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden ejecutiva que estipulaba que a partir de 2035 sólo podrían venderse turismos de emisiones cero. En 2022, la Junta de Recursos Atmosféricos de California (CARB) convirtió esto en un reglamento vinculante - aunque con algunas concesiones: mientras que los fabricantes de automóviles ya no podrán vender vehículos con motor de combustión pura a partir de 2035, los híbridos enchufables (PHEV) seguirán estando permitidos.

Sin embargo, estos PHEV deben ofrecer una autonomía real en modo eléctrico de al menos 50 millas (unos 80 kilómetros). Además, no más del 20% de las ventas totales de un fabricante pueden consistir en PHEV - el 80% restante debe estar formado por vehículos eléctricos de batería o de pila de combustible de hidrógeno.

La norma de California, adoptada desde entonces por otros once estados de EE.UU., entre ellos Nueva York, Massachusetts y Oregón, se basa en una exención de la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. (EPA) que permite a cada estado promulgar sus propias normas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos. Es precisamente esta dispensa la que ahora ha sido revocada, lo que significa que California y otros estados ya no pueden promulgar normas independientes sobre emisiones de gases de escape. La resolución había sido aprobada previamente por ambas cámaras del Congreso antes de ser convertida en ley por Trump.

Las dudas sobre la legalidad de revocar la exención de la EPA utilizando la llamada Ley de Revisión del Congreso ya se plantearon en marzo. Un proceso judicial era probable desde el principio. Ahora que once estados han emprendido acciones legales inmediatas contra las resoluciones, el asunto se resolverá en los tribunales.

El objetivo es "rematar esta última acción ilegal de un presidente que es subsidiario al cien por cien de los grandes contaminadores", dijo el gobernador Newsome sobre la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de EE UU en el norte de California. El fiscal general de California, Rob Bonta, añadió: "Hicimos la promesa de que si el presidente intentaba interferir ilegalmente en nuestras normas de aire limpio, le haríamos rendir cuentas ante los tribunales. Hoy, estamos cumpliendo esa promesa".

Según el gobernador Newsom, Trump prosigue su arremetida contra California. Eso parece ir más allá de la política medioambiental. En respuesta a los disturbios en Los Ángeles -principalmente por las medidas federales de deportación- Trump ha desplegado 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad, en contra de los deseos del gobernador. Así pues, el conflicto entre los dos políticos es más profundo que las normas sobre emisiones.
Además de la demanda, Newsom firmó una orden ejecutiva que, según dijo, pretende "mantener a California en la senda de nuestra transición líder mundial hacia coches más limpios". La orden reafirma el compromiso del estado con los vehículos de emisiones cero (VEZ), amplía los programas de incentivos para los vehículos limpios y ajusta los requisitos de contratación pública del estado, ordenando a las agencias que "emitan recomendaciones en un plazo de 60 días."

Sin embargo, la decisión de Trump no ha sido recibida con críticas universales. La Alianza para la Innovación Automovilística, entre cuyos miembros se encuentran General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai y Stellantis, declaró que las normativas "nunca fueron realizables" y harían que los coches fueran menos asequibles para los consumidores. "Peor que irrealizables, estos mandatos sobre vehículos eléctricos iban a ser perjudiciales", declaró John Bozzella, presidente y consejero delegado de la Alianza para la Innovación en la Automoción. "Perjudiciales para la asequibilidad de los automóviles, para la capacidad de elección de los consumidores, para la competitividad de la industria y para la actividad económica".

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