La sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. amenaza la autonomía del mandato del VE en California

El Tribunal Supremo, dominado por los conservadores, ha concedido a los productores de combustible el derecho a impugnar la autoridad de California para imponer sus propias normas de emisiones, lo que podría echar por tierra uno de los planes de adopción de vehículos eléctricos más agresivos del país.

La decisión, emitida el viernes por 7 a 2, permite que siga adelante la impugnación legal contra una exención de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de 2022 que había restablecido la autonomía de California en virtud de la Ley federal de Aire Limpio. Esto se produce después de que las compañías petroleras y de gas, junto con 17 estados liderados por republicanos, hubieran impugnado la exención, que permitía al Estado Dorado aplicar normas de emisiones más estrictas que a nivel federal. Eso incluía el plan del estado de poner fin a las ventas de nuevos vehículos de gasolina para 2035.

El juez Brett Kavanaugh, escribiendo para la mayoría, declaró: "Por lo general, el gobierno no puede dirigirse a una empresa o industria mediante una regulación estricta y supuestamente ilegal, y luego eludir las demandas resultantes alegando que los objetivos de su regulación deben quedar fuera de los tribunales como espectadores no afectados."

El camino hacia la electrificación sigue siendo pedregoso

En el centro de la disputa está si entidades como la filial de combustibles alternativos de Valero Energy tienen capacidad legal para impugnar normativas que, si bien pretenden reducir las emisiones y promover los vehículos eléctricos, afectan indirectamente a los modelos de negocio de los productores de combustible. El Tribunal Supremo revocó una sentencia de un tribunal inferior que había desestimado la demanda por esos motivos.

La autoridad de la EPA para conceder a California normas más estrictas se deriva de décadas de precedentes en virtud de la Ley de Aire Limpio, que ha permitido al estado -debido a sus graves desafíos en materia de calidad del aire y al tamaño de su mercado- servir como impulsor de facto de la política nacional. Históricamente, a California se le han concedido más de 100 exenciones de este tipo.

Este último caso, sin embargo, se inscribe en una tendencia judicial más amplia. La mayoría conservadora del tribunal ha recortado los poderes de las agencias reguladoras en todos los ámbitos de la política medioambiental en los últimos años, incluidas las sentencias de 2022 y 2023 que debilitaron la autoridad de la EPA sobre las emisiones de carbono y la protección del agua.

La jueza liberal Ketanji Brown Jackson, disidente junto a la jueza Sonia Sotomayor, criticó duramente la decisión. "Este caso da pábulo a la desafortunada percepción de que los intereses adinerados disfrutan de un camino más fácil hacia la reparación en este tribunal que los ciudadanos de a pie", escribió Jackson, cuestionando la utilidad de ocuparse de un caso relacionado con un mandato que expira en unos meses.

La decisión llega apenas unas semanas después de que el presidente Donald Trump firmara una resolución del Congreso para anular la prohibición de los vehículos de combustión de California para 2035, una acción que ya ha provocado el fuego legal de California y de una coalición de estados que la apoyan.

California ha liderado los esfuerzos de electrificación en EE.UU.

Para el sector de la movilidad eléctrica, las consecuencias podrían ser importantes. La agencia de noticias Reuters señala que California representa casi el 12% de todas las ventas de automóviles de Estados Unidos. Además, sus políticas en materia de VE han marcado el ritmo de las estrategias de los OEM a escala nacional y de las inversiones en la cadena de suministro. Un retroceso de la autoridad de California sancionado por un tribunal podría inyectar incertidumbre en los esfuerzos de descarbonización a largo plazo, los programas de créditos ZEV y la planificación de los OEM.

Los productores de combustible argumentan que la EPA se ha extralimitado, alegando que la exención inclina el mercado injustamente al suprimir artificialmente la demanda de combustible líquido. California y los defensores del medio ambiente replican que las políticas del Estado son esenciales para alcanzar los objetivos climáticos y acelerar la adopción de los vehículos eléctricos a gran escala.

Este caso vuelve ahora a los tribunales inferiores para su consideración completa, prolongando potencialmente la ambigüedad legal mientras los fabricantes de automóviles continúan los esfuerzos de electrificación bajo una nube de inestabilidad normativa. Con la normativa federal sobre emisiones ya impugnada y fragmentada entre los estados, la decisión profundiza las líneas de falla en el panorama de la e-movilidad de Estados Unidos en una coyuntura crítica.

courthousenews.com, courthousenews.com (sentencia; PDF), reuters.com