A raíz de las quejas de los conservacionistas, una agencia federal estadounidense volverá a examinar un permiso medioambiental para la planta de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia, valorada en $7.600 millones de euros. La queja se había centrado en que los reguladores no habían evaluado adecuadamente los impactos de la fábrica en el suministro local de agua.