Operadores de autobuses luxemburgueses acusados de fraude en las subvenciones
Según la fiscalía independiente de la Unión Europea, los operadores de autobuses acusados habrían facturado sistemáticamente los servicios como si hubieran sido prestados por autobuses eléctricos. En realidad, sin embargo, una proporción significativa de estos servicios fueron prestados por vehículos diesel o híbridos.
Al clasificar erróneamente estos servicios como libres de emisiones, las empresas supuestamente recibieron subvenciones más elevadas y también evitaron las sanciones por incumplir los objetivos de electrificación. Las empresas son sospechosas de haber defraudado hasta 12 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 2022 a 2023 y hasta 11 millones de euros del presupuesto nacional en 2024.
La acusación implica a varios operadores de transporte público; sin embargo, la acusación no especifica cuáles, sino que escribe que "Todas las personas se presumen inocentes hasta que los tribunales de justicia luxemburgueses competentes demuestren su culpabilidad".
Mientras tanto, las empresas acusadas han negado las acusaciones de fraude en las subvenciones, "afirmando que los datos de facturación proceden exclusivamente de programas informáticos estatales y que los operadores nunca recibieron fondos de la UE", según la publicación luxemburguesa Delano. La Federación Luxemburguesa de Operadores de Autobuses y Autocares (Fleaa) expresó su "profunda sorpresa" por las acusaciones y afirmó que la investigación está potencialmente mal dirigida.
Todavía no se ha acusado formalmente a ninguna empresa; sin embargo, la Policía Judicial luxemburguesa llevó a cabo registros coordinados en las oficinas de los principales operadores de autobuses y en el domicilio de un antiguo alto funcionario de transportes.
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